Las tres asociaciones fotovoltaicas (Asif, APPA y AEF) han enviado una carta al ministerio de Industria en la que se ponen a disposición del Ejecutivo para revisar las primas a su energía y proponen como línea de trabajo la limitación del máximo de horas subvencionadas que pueden operar sus plantas, “tanto para el parque existente como para el parque futuro”.

Además, plantean al ministerio de Industria “obtener el máximo ahorro posible” sacando del sistema a las plantas fraudulentas y “efectuar una significativa revisión de tarifas para las instalaciones futuras, sin que se aplique régimen transitorio”.

Estas propuestas pretenden evitar que el ministerio presente a la fotovoltaica en el grupo de trabajo del pacto energético como un sector opuesto a las negociaciones. También pretenden que quede clara y por escrito sus actitud razonable.

Fuentes del sector apuntan a que el ministerio llevaría a la mesa de negociación el acuerdo alcanzado con la eólica y la termosolar, junto a su propia propuesta para la fotovoltaica, muy negativa a ojos de las patronales porque incluyen recortes retroactivos de las primas de un 30%.

Por otra parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, se reunirán hoy para “tratar de avanzar en la negociación” para alcanzar un futuro pacto de la energía, según avanzó el ministerio en una nota ayer. El Gobierno y el principal partido de la oposición acordaron la semana pasada llegar a un acuerdo en materia energética cuya primera consecuencia es congelar la subida del recibo de la luz, previsto para el mes de julio.

El objetivo, según avanzó entonces el ministro, es “una revisión profunda de los costes del sistema eléctrico de forma inmediata” y “sin líneas rojas”. Entre los principales costes están el transporte y distribución eléctricas o las primas a las energías renovables.

FUENTE: CINCODIAS

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, comunicaron ayer oficialmente a las principales asociaciones empresariales del sector fotovoltaico su determinación de aplicar un recorte en la retribución que no consistiría en reducir la cuantía de la prima por megavatio hora, sino en disminuir el número de horas en que estas instalaciones podrán disfrutar de los incentivos. Un planteamiento que previsiblemente se aplicaría también a la energía eólica.

El presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), Javier Anta, dio hoy a conocer esta pretensión de Industria y explicó que, durante la reunión de ayer, Sebastián aseguró que este “esfuerzo coyuntural” durante tres años contribuirá a recortar 1.000 millones en cada ejercicio la retribución recibida por la fotovoltaica, lo que equivale al 40% de los 2.600 millones recibidos en 2009.

El recorte de horas se aplicará tanto a las instalaciones operativas del real decreto 661/2007 como a las futuras del real decreto 1578/2008. Además, limitaría la contribución en horas a 1.200 para paneles fijos y 1.664 horas para los de dos ejes, que son las cifras que, según Industria, aparecen recogidas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010.

En un encuentro con medios de comunicación, Anta aseguró que la reunión de ayer “fue muy mal” y que la propuesta de Industria supone una “retroactividad clara” que limitará entre el 30% y el 40% la retribución del sector. “El ministro dijo que no se puede hablar de retroactividad porque en la legislación no se habla de horas, y yo le corregí porque hay un anexo que sí habla de horas”, señaló Anta.

Una vez reducidas estas horas y emplazadas a las instalaciones a que el resto del tiempo acudan al mercado mayorista, Industria podría estar dispuesta a no aplicar en las primas futuras un recorte como el ya adelantado, esto es, del 45% para suelo, 25% para grandes plantas de tejado y 5% para las pequeñas de tejado.

Para Asif, la posición de Industria es “aterradora” e “inadmisible” porque supone aplicar una “retroactividad” o “pseudoretroactividad” al sector. Industria ha pedido a las asociaciones que respondan con urgencia a este último planteamiento y que presenten hoy mismo sus alegaciones. Durante la reunión, explicó Anta, el Ministerio llegó a plantear la posibilidad de aplicar una moratoria de tres años para el sector fotovoltaico, lo que a Asif le parece una oferta “retórica” que provocaría un “daño horrible” al sector sin solucionar los problemas actuales.

Por otro lado, Marín informó de que las instalaciones fraudulentas dejarán de recibir primas, pero una vez resuelto su caso podrán aspirar a la retribución contemplada en el decreto 1578/2008. Asif, que ha convocado una asamblea extraordinaria para abordar los problemas del sector, calcula que el número de megavatios irregulares podría situarse entre 600 y 1.000. “El 1 de julio les gustaría tener todo cerrado para enviar el borrador a la CNE, no sólo de primas, sino también la orden de calidad de instalaciones y el real decreto antifraude”, explicó el presidente de Asif.

En 2009, 70 megawatios
Por otro lado, Asif presentó hoy su anuario del ejercicio 2009, en el que se aprecia que la nueva potencia fotovoltaica instalada en España durante el ejercicio fue de 70 megavatios (MW), frente a los 2.500 MW de 2008, cuando la burbuja del sector alcanzó su mayor tamaño. A cierre de 2009, la potencia fotovoltaica ronda los 3.500 MW.

Asif indica que el Gobierno adjudicó 502 MW en 2009, pero sólo se instalaron 70, y que el parón de 2009 se debe a la regulación y a la caída en un 50% del precio de los paneles. Las fábricas operaron al 25% de capacidad y exportaron el 75% de la producción, y el valor del mercado cayó un 98%, de 16.380 millones a 233 millones. La energía solar contribuyó con un 3% a la demanda eléctrica española, mientras que la tarifa para plantas de suelo bajó un 14%, frente al 2,7% de tejados grandes y al mantenimiento en los tejados pequeños.

La Comisión Europea, a la espera de una decisión
Por otro lado, la Comisión Europea está a la espera de conocer la decisión final del Gobierno español en torno a la rebaja de las primas a las renovables por si tuviera que tomar medidas legales. Un portavoz del comisario europeo de Energía advierte de que Bruselas tiene la capacidad de tomar acciones legales contra los recortes en España, según informa Bloomberg New Energy Finance.

La directiva comunitaria sobre renovables establece que los estados miembros deben adoptar medidas para garantizar el desarrollo de las energías verdes para alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea: en 2020, el 35% del consumo eléctrico de la Unión debe tener origen en energías limpias.

FUENTE: EXPANSION