La dura posición de ERC está complicando la decisión del Govern sobre la ubicación de los nuevos parques eólicos que surjan a la luz de la primera normativa del tripartito en esta materia. El Govern tenía previsto identificar este mes las zonas aptas para la implantación de la energía eólica, en las que estarán situadas estas instalaciones de energía limpia. Sin embargo, las contrapartidas exigidas por ERC, entre otras cuestiones, han impedido determinar la localización de estas áreas. La designación de las denominadas zonas de desarrollo eólico prioritario aportarían unos 800 MW, y son fundamentales para que Catalunya pueda cumplir sus objetivos en materia de fomento de la energía eólica, que prevé dotarla de 3.500 MW en el año 2015.

La ubicación de los nuevos parques eólicos se ha convertido en un elemento de discrepancias entre los partidos que apoyan al Govern. La Administración catalana se dotó el pasado día 28 de septiembre de su primera normativa para regular la implantación de los molinos de viento, y la previsión era que en cuatro meses (plazo que acaba el 28 de enero) se concretaran todos los detalles sobre su ubicación. Esta idea parece ya imposible, vistas las exigencias de ERC y los desacuerdos expresados en las reuniones de participación e información en las que han intervenido representantes del Departament d’Economia y los diputados de las diferentes formaciones que apoyan al Govern (PSC, ICV y ERC).

ERC presentó en la última reunión un documento de dos página donde se resumen las condiciones que impone esta formación a cambio de aceptar las ocho zonas de desarrollo eólico prioritario definidas por el Govern y que estarán repartidas por diversos puntos de Catalunya. Estos son los lugares idóneos seleccionados para albergar los parques y que serán adjudicados mediante un concurso a las empresas promotoras ofertantes.

En su documento, ERC presenta sus peros. Concretamente, la formación independentista pide (a cambio de dar su apoyo) que el Govern tome medidas para que se frene la construcción de cinco proyectos de parques eólicos que cuentan con autorización (en virtud de la normativa en vigor). Se trata de proyectos de parques considerados «problemáticos» por este partido y por diversas plataformas opositoras a la energía eólica. Concretamente, son los previstos en La Jonquera (Sant Julià), Portbou (Tramuntana), El Pinell de Brai (Brois) y Prat del Comte (Coll Ventós y La Tossa del Vent). El documento de ERC pide que se busque «alguna fórmula legal para poder negociar con los promotores algún tipo de compensación a cambio de la renuncia» de estos parques.

Además, ERC considera que debería ser considerado «inviable» el plan de la empresa Gamesa de construir un conjunto de 32 miniparques eólicos en la comarca del Alt Empordà y reclama igualmente que en la adjudicación de estos parques se dé prioridad a los proyectos que estén acompañados de inversión privada o institucional del territorio afectado. Otra condición es que, junto con las zonas de desarrollo eólico prioritario, se impulse un programa de fomento de los miniparques eólicos, «algo que hasta ahora no se ha previsto» dice el documento de ERC.

Fuentes conocedoras de estas conversaciones indicaron que, visto el desacuerdo, el secretario de Economia, Andreu Morillas, hizo saber de manera rotunda a los representantes de ERC –en la última reunión– que «este asunto corresponde al Govern » y que sería este el que decidiría».

En relación con las peticiones de ERC, el Departament d’Economia (competente en materia de energía) cree «razonable» algún tipo de negociación sobre la posibilidad de dar entrada al capital privado del territorio afectado; e incluso aceptaría ciertos retoques en la ubicación de algunos proyectos de parques cuando sea posible; pero rechaza que se pueda echar atrás en el proceso de autorización de los proyectos que ya tienen todos los permisos con la normativa anterior. «No puede haber una reconsideración de los proyectos aprobados porque eso sería introducir una inseguridad jurídica enorme», dijeron fuentes próximas al Departament d’Economia. Diversas fuentes estiman además que es innegociable que los municipios puedan fijar un veto a la localización de los parques: «Si se echa para atrás una autorización, se crea un precedente muy negativo, y otros alcaldes pueden tener esa misma tentación si surge una plataforma opositora».

Fuente: www.lavanguardia.es