El Gobierno aplicará una tasa a la energía renovable de 850 millones

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Las espadas están en alto. Las empresas de los distintos sectores eléctricos intentan indagar sobre el contenido de la nueva reforma que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros esta semana o la siguiente y que pinta mal para todos. Fuentes próximas al Ejecutivo dan por hecho que se va a aplicar una tasa a la producción hidráulica y la nuclear y otra más a las energías renovables.

Estas mismas fuentes calculan que los ingresos por esta tasa a la generación verde será de unos 850 millones de euros y dependerá de la eficiencia de las plantas. Por tanto, el coste para cada tecnología dependerá del ratio de eficiencia que se aplique: si se mide la relación entre el precio del kilovatio y la producción, las más castigadas serían la fotovoltaica y la termosolar.

En el sector fotovoltaico calculan que los ingresos se reducirán entre un 14% (el caso de las plantas que se rigen por el real decreto 661) y el 20% (las posteriores a dicho decreto). En el sector eólico se oponen a un gravamen igual para toda la generación, pues el impacto en los resultados de las empresas renovables sería mucho mayor proporcionalmente que en los de las eléctricas tradicionales. El Gobierno opta por una tasa ante la dificultad jurídica de recortar las primas del régimen especial.

Todo indica que será un gravamen distinto al que se aplicará a la hidráulica y el agua. Se calcula que de los 4.500 millones que el Gobierno pretende aportar al sistema eléctrico, entre recorte de costes, nuevas tasas y subidas de la luz, 1.900 millones de euros corresponderán a las utilities tradicionales.

Esta cifra incluiría también un ajuste de otros costes del sistema, como el de los pagos por capacidad. El ministro de Industria, José Manuel Soria, también ha apuntado la posibilidad de recortar la llamada interrumpibilidad, un precio especial de que disfrutan los grandes consumidores industriales a cambio de un servicio que no se ha activado desde mucho antes de que se desencadenase la crisis económica.

Otro de los pilares de la reforma, la subida del impuesto de hidrocarburos o el de la electricidad que grava la factura de la luz, está en entredicho ante la dificultad de establecer un vínculo entre los ingresos que se recauden y la financiación de costes del sistema eléctrico, como las primas de las renovables. La propuesta del ministro Soria y del jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal, está siendo desmontada en Hacienda.

Queda también por ver si el Gobierno aprueba una subida de los peajes de acceso, que financian el déficit de tarifa, entre otros, y que no fue incluida por problemas de procedimiento en la subida de la luz de casi el 4% que entró en vigor ayer. Esta subida es solo la parte correspondiente al precio de la energía, pero no incluye los peajes.

Para revisarlos, Industria debe remitir una propuesta de orden ministerial a la Comisión de la Energía (CNE), que debe emitir un dictamen preceptivo. Podría hacerlo bien entrado este mes de julio, con carácter retroactivo desde el día 1. Algo que ya hizo en abril respecto a las tarifas del segundo trimestre.

fuente: CINCO DIAS

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