En el caso de las pymes, el plazo para rentabilizar los equipos se situaría en unos 7,5 años, frente a los 4,4 años para el entorno favorable.
Madrid, 12 jun (EFECOM).- La patronal fotovoltaica Unef calcula que los consumidores domésticos que instalen sistemas de autoconsumo tardarán alrededor de 31 años en recuperar su inversión, debido a las cargas que introduce el borrador de normativa de esta actividad.
En un encuentro con medios, el director general de Unef, José Donoso, ha asegurado que la normativa de autoconsumo “lo que quiere es cerrar cualquier puerta a este modelo de generación distribuida” mediante el establecimiento de barreras económicas y administrativas.
Este borrador de normativa, que actualmente se encuentra en periodo de consulta pública en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), fija una serie de cargos a los autoconsumidores conectados a la red justificados por la necesidad de que contribuyan a sufragar el coste de las infraestructuras.
Para Donoso, estos “ataques no están justificados desde el punto de vista económico” ya que, desde su punto de vista, la instalación de 200 megavatios (MW) de autoconsumo -actualmente hay unos 22 MW- tendría un coste para el sistema de unos 15 millones de euros.
Los cargos establecidos se dividen en una parte fija o de potencia y otra variable, en función del consumo procedente de los equipos propios, que a su vez se distingue entre acceso a redes y otros costes.
Donoso se ha mostrado de acuerdo con el pago del cargo por potencia y de la parte variable correspondiente al consumo de la red, pero no de que electricidad que se autoconsume.
Conforme a estos criterios, los consumidores domésticos necesitarán unos 31 años para amortizar la inversión, frente a los 13 años que precisarían en un entorno regulatorio favorable al autoconsumo.
En el caso de las pymes, el plazo para rentabilizar los equipos se situaría en unos 7,5 años, frente a los 4,4 años para el entorno favorable.
Adicionalmente, ha explicado, la propuesta de normativa prohíbe el uso de baterías -e incluso fija un cargo por si este veto se levantara- e impide el acceso al autoconsumo de los hogares acogidos al bono social.
Incluso las condiciones más favorables establecidas para el autoconsumo en los sistemas extrapeninsulares -con una exención de cargos hasta 2020-, donde la generación de electricidad convencional es más cara, se limitan a un “cambio cosmético”.
De esta manera, el director general considera que “el Gobierno está incentivando que cuando lleguen al mercado las baterías buenas la gente se desconecte del sistema”, lo que supondrá una mayor pérdida de ingresos.
La normativa, ha explicado Donoso, establece tres tipos de autoconsumidores: Para hogares -denominado suministro con autoconsumo, que no puede vender la electricidad excedente ni acudir a empresas de servicios energéticos-, para servicios y pymes -que puede vender, pero solo si es una empresa- y de “línea directa” -para inmuebles con autoconsumo conectados a otros sin autoconsumo, que no pueden vender energía-.
Donoso ha apuntado que la asociación está “preparando todas las alegaciones” a la normativa y que, en caso de que se apruebe en los actuales términos -algo que no sucedería antes de noviembre, según sus cálculos-, la recurrirían en los tribunales nacionales y europeos.
Asimismo, ha señalado que varios grupos políticos, desde PSOE a Podemos, IU o UPyD, se han comprometido a derogar la normativa si llegan al poder.COM
FUETE: LAVANGUARDIA.COM