La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han determinado interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el escandaloso comportamiento del Ministerio de Industria, ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales, el llamado “hachazo a las renovables”.
El Gobierno del Partido Popular, con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa del sector eléctrico, dictaminó que este se solucionara a costa del esfuerzo de tan sólo dos agentes: los consumidores (con un incremento ingente en la factura de la luz) y los productores de renovables, cogeneración (y residuos) viendo mermada su retribución en 3.000 millones de euros anuales. Han quedado al margen de este esfuerzo las grandes empresas eléctricas cuyas cuentas de resultados no han sufrido menoscabo alguno.
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