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La incertidumbre sobre los cambios regulatorios en el sector energético español tiene en ascuas a un grupo de grandes fondos internacionales de inversión en infraestructuras. Once de estas firmas, que dicen contar con 9.000 millones de euros en activos españoles, han enviado una carta al Gobierno en la que advierten que si la reforma energética que prepara el Ejecutivo les perjudica, reducirán sus inversiones en el país y emprenderán acciones legales.
Se trata de la segunda misiva que estas firmas envían a Moncloa para reclamar seguridad jurídica para sus activos en España. En la nueva carta fechada el 3 de julio, los fondos elevan el tono de su protesta ante el temor a que los cambios regulatorios que prepara el Ministerio de Energía e Industria dañen la rentabilidad de sus activos renovables con recortes “retroactivos y discriminatorios” de la tarifa que reciben.
“Una medida de estas características dañaría la viabilidad futura de España como receptor de nuestras inversiones y abriría la puerta a acciones legales por nuestra parte que en nada benefician a ninguna de las partes implicadas”, dice la carta suscrita por fondos respaldados por grupos como Deustche Bank, HSBC, Natixis y Munich Re.
Estas firmas también cuestionan el largo y opaco proceso que está liderando el Ministerio de Industria y Energía para decidir sobre los cambios regulatorios. «Dada la situación de la economía española, esta incertidumbre perjudica seriamente la credibilidad de España en los mercados y entre los inversores extranjeros en el sector, que en muchos casos ya han suspendido importantes proyectos de inversión en el sector», dice la carta.
Los fondos, que privadamente se consideran en inferioridad de condiciones frente al lobby de las grandes eléctricas españolas, critican también que no se les haya consultado y lamentan la «falta de diálogo con los sectores afectados». La carta va dirigida a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno; Jorge Moragas, director del Gabinete del presidente Mariano Rajoy; y a los ministros José Manuel Soria (Industria y Energía) y Cristóbal Montoro (Hacienda).
Han sido enviadas copias del texto a las embajadas en Madrid de Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Francia y Alemania. Según fuentes cercanas a los fondos, diplomáticos de estos países están colaborando en la presión para que la reforma no perjudique los intereses de los inversores extranjeros. Esas cinco embajadas representan a los once fondos, que son Ampere Equity Fund, Antin, Cube, Eiser, Hg Capital, Infrared, KGAL, KKR, MEAG, RREEF y Riverstone Holdings.
“El deterioro de la seguridad jurídica que traerían consigo medidas de carácter retroactivo y/o discriminatorio, sería incomprensible en un país miembro de la Unión Europea. Es imperativo, por tanto, que la reforma se lleve a cabo preservando la estabilidad del marco jurídico y la seguridad jurídica de los inversores que tan necesarios son para la salida de la crisis”, concluye la carta.
Los inversores proponen como solución en la reforma una tasa por cada megavatio hora que producen todas las generadoras de electricidad o sobre sus beneficios, en lugar de una tasa en función de la eficiencia o los ingresos, que perjudicaría a las renovables.
Fuente: EXPANSION.COM
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