El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha lanzado una propuesta de real decreto para convocar subastas de potencia eólica y biomasa con derecho a incentivo (Retribución a la Inversión o Rinv) y un borrador de orden ministerial con los parámetros retributivos para ello. Esto supone un reconocimiento a la necesidad del país de instalar más potencia eólica de cara a cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables en 2020. No obstante, una vez más, la propuesta de normativa se ha realizado sin consultar al sector, lo que implica que se aleja de su realidad y no resuelve la inseguridad jurídica generada por la regulación en vigor.
Los 500 MW eólicos que el Gobierno se propone subastar –que incluirían tanto nuevas instalaciones como la sustitución de máquinas antiguas por nuevas– están muy por debajo de los entre 4.553 y 6.473 MW eólicos que el propio Ministerio indica que son necesarios en el avance de Planificación hasta 2020 que lanzó en diciembre. Además, al mantenerse el modelo introducido por la Reforma Energética, que permite modificar las condiciones económicas cada seis años (la primera vez, que afectaría a los parques incluidos en esta subasta, tendría lugar en 2019), los inversores que se planteasen instalar nueva potencia eólica desconocerían la rentabilidad de sus proyectos más allá de los primeros años, lo que aumentaría exponencialmente el riesgo de la inversión. Esto, unido a las crecientes trabas administrativas que conlleva tanto la instalación de nuevos parques como las repotenciaciones, complica la situación y no contribuye a que se recupere la confianza.
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